Dólares del colchón: el Ejecutivo elimina controles y propone un blindaje legal
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, presentaron una iniciativa que busca incentivar el uso de dólares no declarados mediante la flexibilización de controles y la eliminación de regímenes informativos.
En una conferencia de prensa realizada este jueves en la Casa Rosada, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciaron el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”. La medida tiene como objetivo principal incentivar el uso de los dólares que los ciudadanos mantienen fuera del sistema financiero formal, conocidos popularmente como “dólares del colchón”.
Caputo destacó que el plan busca otorgar a los argentinos “la libertad de manejar sus ahorros”, en un contexto donde se estima que existen entre 250.000 y 400.000 millones de dólares fuera del circuito formal. “Se llegó a controlar tanto que los argentinos cayeron en la informalidad”, afirmó el ministro, subrayando la necesidad de revertir esta situación para estimular el consumo y la inversión.
El comunicado oficial
Desde la cuenta “Oficina del Presidente” en X, el gobierno mencionó la medida tomada y los por qué que brindan para ello. “A partir de hoy se terminó la era de persecución a los argentinos de bien y el Estado se dedicará a hacer su trabajo, que es defender el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los argentinos”, menciona el comunicado citando al intelectual Locke al finalizar el mismo.
Las etapas del plan
El plan se implementará en dos fases. La primera, a través de un decreto presidencial, eliminará una serie de regímenes informativos considerados “absurdos” por el Gobierno. Entre las medidas anunciadas se encuentran la derogación de la obligación de informar compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, así como la eliminación del “Citi de los escribanos”, que requería reportar todas las operaciones notariales. También se dejarán sin efecto los reportes por compraventa de vehículos usados, pagos de expensas desde $32.000 y consumos de servicios públicos.
La segunda etapa consistirá en la presentación de un proyecto de ley que buscará blindar a los ahorristas frente a futuras administraciones, garantizando que no sean perseguidos por decisiones fiscales retroactivas. “La segunda etapa consiste en un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de cara al futuro”, explicó Adorni.
¿Quién festeja y quién critica?
El anuncio generó diversas reacciones en el ámbito económico y político. Mientras algunos sectores empresariales y bancarios celebraron la iniciativa como un paso hacia la reconstrucción de la confianza en el sistema financiero, economistas críticos advirtieron sobre la necesidad de un marco jurídico claro y estable que respalde la medida más allá del actual gobierno.
Desde la oposición, algunos dirigentes calificaron la propuesta como un “blanqueo encubierto” y expresaron preocupación por las posibles desigualdades que podría generar frente a quienes han cumplido con sus obligaciones fiscales.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el plan no constituye un blanqueo tradicional, sino un “cambio de régimen” que busca atraer a los argentinos de bien a la formalidad. “Se trata de terminar con la hipocresía de tratar a los ciudadanos como delincuentes por ahorrar”, enfatizó Adorni.
La remonetización de la economía, el objetivo del gobierno
El “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos” se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo para remonetizar la economía y fomentar la inversión. Según Caputo, la medida permitirá que los ciudadanos utilicen sus dólares para adquirir bienes como propiedades y vehículos sin necesidad de justificar su origen ante los organismos de control.
Resta por ver si la iniciativa logrará superar la desconfianza estructural de los argentinos hacia el sistema bancario y fiscal, alimentada por décadas de cepos, corralitos, devaluaciones y cambios de reglas. Por ahora, el Gobierno apuesta a la persuasión y la flexibilización de controles para incentivar la formalización de los ahorros.