En octubre de 2024 entró en vigor en Argentina el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un marco legal creado para atraer inversiones millonarias en sectores estratégicos como el petróleo, el gas, la minería, las energías renovables y la infraestructura.

 A un año de su lanzamiento, más de veinte iniciativas privadas se postularon para obtener los beneficios fiscales y cambiarios del programa. En concreto, ocho de los proyectos presentados lograron la luz verde oficial mediante resoluciones del Ministerio de Economía (uno fue descartado y el resto sigue en evaluación). Esas inversiones superan los USD 15.000 millones, con un predominio de la minería y la energía, quedando el resto en propuestas industriales y de infraestructura.

Los ocho proyectos aprobados

El puntapié inicial del RIGI ocurrió en enero de 2025, cuando el Gobierno aprobó el “Parque Solar Fotovoltaico El Quemado”, desarrollado por YPF Luz junto a la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) en la provincia de Mendoza.

La inversión asciende a unos USD 211 millones y permitirá montar más de medio millón de paneles solares en 350 hectáreas de terrenos cuyanos.

Pocos meses después, en marzo de 2025, llegó la aprobación de un proyecto hidrocarburífero. Se trata del Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), un ducto de 437 kilómetros que conectará los campos petroleros de Vaca Muerta (Neuquén) con la costa de Río Negro.

El plan, liderado por YPF en conjunto con compañías privadas (Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol y Shell, reunidas en la firma Vaca Muerta Oil Sur S.A.) demandará cerca de USD 3000 millones de inversión. Según su pagina oficial, pretende transportar hasta 550 mil barriles por día, generando potencialmente ingresos por más de USD 15.000 millones anuales en ventas externas de petróleo.

En mayo de 2025, la empresa Southern Energy S.A. recibió la adhesión al RIGI para instalar una planta flotante de licuefacción de gas en aguas del Golfo de San Matías, sobre la costa de la provincia de Río Negro.

El proyecto consiste en un buque-factoría  que procesará gas proveniente del yacimiento Vaca Muerta para enfriarlo y exportarlo como GNL. Con una inversión total estimada de USD 6.878 millones, es la apuesta de infraestructura energética más grande aprobada bajo este régimen.

En el mismo mes, se dio la aprobación de otro proyecto. Por medio de una resolución del Ministerio de Economía, se aprobó la adhesión al régimen del Proyecto Rincón, un yacimiento de litio ubicado en el Salar de Rincón, provincia de Salta.

El emprendimiento está a cargo de la multinacional anglo-australiana Río Tinto, que planea invertir alrededor de USD 2.700 millones para construir una planta de carbonato de litio. Esta fue la primera iniciativa minera de beneficiarse del régimen especial. 

En julio de 2025, el Gobierno dio el visto bueno al plan de la siderúrgica Sidersa S.A. para levantar una planta de acería y laminación en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, Se trata de una inversión de USD 286 millones destinada a montar la primera nueva acería que se construirá en el país en más de medio siglo. Su aprobación fue anunciada por el ministro de economía Luis Caputo.

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A fines de julio de 2025, Galan Lithium, (una empresa de origen australiano), obtuvo la adhesión al RIGI para su Proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW), localizado en el Salar del Hombre Muerto, provincia de Catamarca. Galan planea invertir aproximadamente USD 217 millones en este emprendimiento.

El visto bueno oficial llegó el 23 de julio de 2025, cuando el Comité Evaluador del RIGI recomendó su aprobación y el Ministerio de Economía la hizo efectiva mediante la Resolución 1271/2025 publicada en el Boletín Oficial. Fue la empresa mas pequeña en acceder al régimen hasta la fecha.

A finales de agosto de 2025, el Ministerio de Economía oficializó la incorporación del Parque Eólico Olavarría al régimen de grandes inversiones. Este proyecto, ubicado en cercanías de la ciudad de Olavarría en la provincia de Buenos Aires, es impulsado por la empresa argentina PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia) en sociedad con la siderúrgica ArcelorMittal Acindar, con una inversión estimada de USD 275 millones.

Por último, el proyecto más reciente en sumarse al RIGI proviene de la minería del cobre. En octubre de 2025, el Gobierno nacional oficializó la adhesión del proyecto Los Azules, un desarrollo minero de cobre en la cordillera de Calingasta, provincia de San Juan. 

Operado por la canadiense McEwen Copper , Los Azules apunta a extraer cobre durante al menos 21 años.

La Resolución 1553/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, habilitó beneficios fiscales para una inversión inicial estimada en USD 2.672 millones, aunque voceros de la empresa anticiparon que el desembolso total proyectado superará los USD 3.100 millones a lo largo de la vida del proyecto.

Proyectos pendientes

El gobierno comunicó que hay veinte proyectos en proceso de aprobación, que “sumarían inversiones por casi USD 20.000 millones más”:

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Por ejemplo, hay proyectos mineros en San Juan, Salta, Catamarca y Rio Negro esperando la luz verde. El Proyecto Pachón, en San Juan, tiene una inversión estimada de USD 9533 millones, y se concentra en la minería de cobre y plata.

En el rubro energético, hay iniciativas en la provincia de Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe pendientes de aprobación. Por ejemplo, la planta de tratamiento Los Toldos, en Neuquén, tendría una inversión estimada de 1.000 millones de dólares.

El único proyecto que no logró superar el filtro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue el Proyecto Mariana, una iniciativa de la compañía Ganfeng Lithium Argentina S.A., filial local de la empresa china Ganfeng Lithium Co. Ltd., uno de los mayores productores mundiales de litio. Ubicado en el Salar de Llullaillaco, en la provincia de Salta, el emprendimiento preveía una inversión de aproximadamente USD 273 millones para la construcción de una planta de extracción y procesamiento de carbonato de litio en salmuera, con destino a la exportación hacia Asia y Europa.

El Comité Evaluador del RIGI determinó en julio de 2025 que el proyecto no cumplía los requisitos técnicos ni financieros exigidos por la normativa, ya que presentaba inconsistencias en el cronograma de inversiones, falta de garantías sobre el desembolso mínimo efectivo de USD 200 millones y superposición de beneficios fiscales con otros regímenes provinciales. Además, la documentación ambiental fue considerada “insuficiente” por los evaluadores, lo que influyó en la decisión final.