El Gobierno nacional pasó de la sorpresa a la ofensiva tras la filtración de audios que sacudieron a La Libertad Avanza. Primero, la caída de Diego Spagnuolo en la ANDIS buscó contener daños. Pero, a medida que nuevos fragmentos se conocían —incluido uno en el que se escucha a Karina Milei en la Casa Rosada—, la estrategia cambió: se puso en marcha una ofensiva judicial contra periodistas y medios.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal en la que pidió allanar a comunicadores como Jorge Rial y Mauro Federico, acusándolos de participar en una “maniobra golpista” vinculada incluso a una presunta red de espionaje rusa. El escrito, firmado por su abogado Fernando Soto, solicita secuestrar dispositivos electrónicos y apunta a una operación para desestabilizar al Gobierno en plena campaña electoral.

En paralelo, Karina Milei consiguió una medida cautelar para frenar la difusión de sus audios. El juez Alejandro Patricio Maraniello ordenó el “cese” de la reproducción de las grabaciones realizadas en la Casa de Gobierno. Aunque el magistrado justificó la resolución como “provisoria y excepcional”, la decisión encendió críticas de la oposición y advertencias de medios sobre el riesgo de censura previa.

El giro oficial se produce en un clima de creciente tensión. Los periodistas involucrados denunciaron amenazas: Rial contó que un Ford Falcon se estacionó frente a su casa, mientras Federico relató seguimientos en la puerta de su canal.

Entre teorías conspirativas, denuncias de espionaje y acusaciones cruzadas, la administración Milei enfrenta su primer gran test de control de daños. El intento por transformar una crisis política en una pulseada judicial contra la prensa refleja la fragilidad de un gobierno que, a semanas de las elecciones legislativas, parece más preocupado por silenciar filtraciones que por despejar dudas sobre el fondo del escándalo.