Democratización de la justicia: Cristina insiste en la elección popular de jueces que fracasó en México
La expresidenta vuelve a reflotar el proyecto de "democratización de la justicia" que presentó en su segundo mandato, horas después de que tuvo una fallida implementación en México.
En el día lunes, Cristina apareció públicamente para anunciar su candidatura a legisladora por la Provincia de Buenos Aires. En esa entrevista, que le brindó a C5N, también se refirió a la situación del Poder Judicial en la Argentina. “Hubo ayer, en México por primera vez, después de la reforma constitucional de AMLO (Andrés Manuel López Obrador), se votaron los miembros de la Corte y de los tribunales inferiores de todo México. Fueron a votar 13 millones de mexicanos. Yo creo que nosotros tenemos que ir a una reforma en donde también esto sea constitucional", expresó. También dijo que su proyecto, en 2013, tenía amplia mayoría en diputados y en senadores, pero “en un mes lo declararon inconstitucional. Hay que ir a una reforma constitucional".
En 2013, la entonces presidenta impulsó un paquete legislativo conocido como la “Democratización de la Justicia”, con el objetivo de “acercar el Poder Judicial a la ciudadanía”. La iniciativa proponía, entre otras cosas, que los jueces, abogados y académicos que integraban el Consejo de la Magistratura fueran elegidos por voto popular, en reemplazo del sistema de designación indirecta. Además, establecía la creación de nuevas cámaras de casación, límites a las medidas cautelares contra el Estado, la obligación de publicar las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces y un sistema de concursos abiertos para el ingreso al Poder Judicial.
El proyecto fue aprobado por el Congreso en mayo de ese año, gracias a la mayoría parlamentaria del oficialismo. Sin embargo, en junio de 2013, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. El máximo tribunal consideró que esa modificación violaba la independencia del Poder Judicial y rompía con el principio de división de poderes consagrado en la Constitución Nacional.
El caso mexicano
El 15 de septiembre del año pasado, al final del gobierno de López Obrador, se aprobó la reforma judicial mexicana, única en el mundo. Estableció la elección popular del Poder Judicial Federal: jueces, ministros y magistrados, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. En octubre asumió la presidencia Claudia Sheinbaum, representando al mismo partido político que su antecesor, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
La mitad de los jueces fue elegida el 1 de junio, y la otra mitad será cubierta en 2027. La Corte Suprema será renovada en su totalidad por los comicios del pasado domingo, con 9 miembros que estarán 12 años en el cargo. En total se eligieron 2.681 cargos según el Instituto Nacional Electoral (INE). La reforma judicial implementada también relajó los requisitos para ser ministro: ya no hay edad mínima y se redujo de 10 a 5 años la experiencia necesaria siendo abogado.
Cada votante recibió entre seis y hasta trece boletas, según su distrito y el tipo de cargos en juego. En cada boleta, se presentaban dos listas separadas: una de candidatas mujeres y otra de candidatos varones. El votante debía escribir a mano el número de un candidato de cada lista, es decir, elegir a una mujer y a un hombre por cargo. Este esquema se aplicaba también para la Corte Suprema: el voto debía incluir obligatoriamente un número de varón y uno de mujer. Debido a que un ciudadano debía votar 9 cargos en el caso de la Corte Suprema (5 mujeres y 4 hombres), un ciudadano representa más que un voto. Por esto, la cantidad de votos totales alcanza los 115 millones para los ministros de la Corte, con casi 89 millones de votos válidos, 12 millones de votos nulos y 14 millones de recuadros no utilizados.
La participación ciudadana fue muy baja: con el 99,8% de las actas escrutadas, fue del 12,9%. Del padrón habilitado de 99.943.977 votantes, aproximadamente 12,8 millones acudieron a las urnas. La presidenta Claudia Sheinbaum lo calificó como un “éxito histórico”. “La elección histórica del Poder Judicial, este 1 de junio de 2025, ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser los nuevos ministros, magistrados y jueces”, indicó. A pesar de estas declaraciones, muchas personas mostraron su descontento con mensajes en las boletas.
A pesar del fracaso en la participación, podría calificarse como un éxito para el oficialismo, debido a que consiguió su objetivo: desarmar la Corte Suprema y poblarla con ministros afines. Se distribuyeron “acordeones” a muchos ciudadanos; guías de votación para que la población elija a los magistrados afines a Morena. De hecho, el periodista Hernán Gómez Bruera acertó los resultados basándose en uno de estos mensajes.
“Todo estuvo predeterminado”, escribió Gómez Bruera en su cuenta de X. La ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez difundió una carta, a un año de los comicios presidenciales, en donde habla de autoritarismo y de una reforma judicial que somete el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, socavando la independencia de poderes. También recordó el proceso legislativo en el que se aprobó la medida, con un diputado opositor a Morena votando a favor de la reforma y permitiendo su aprobación. Gálvez habló de “compra de personas” al recordar esas jornadas en el Congreso.
No solo la oposición reclamó por la reforma, sino que la ONU, Human Rights Watch y numerosos organismos internacionales criticaron la medida. Sin embargo, las elecciones se llevaron a cabo, y los 9 ministros de la Corte elegidos son afines al gobierno, muchos con pasado trabajando para López Obrador. Con 12 años de mandato por delante para los nuevos miembros de la Corte y 5 años más de Sheinbaum al poder, las posibilidades de control al Ejecutivo son mínimas.