El pliego para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla está listo para ser votado en el Senado. Sin embargo, como cuenta con todos los pronósticos de ser votado en contra, Victoria Villarruel postergó la sesión para el 3 de abril, a pesar de la insistencia del kirchnerismo de que se vote el próximo jueves. El Gobierno logró ganar tiempo y ahora buscará poner “todo el paquete judicial” para lograr un acuerdo político y así evitar un conflicto institucional.

A diferencia de lo sucedido en 2024, cuando el Gobierno contaba con más flexibilidad para gestionar los tiempos en el Senado, hoy se encuentra en una situación complicada: los pliegos de Lijo y García-Mansilla están listos para ser discutidos en el recinto, ya que recibieron un dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos, pero el oficialismo no ha logrado conseguir la mayoría agravada. Esto se complica aún más después de que Milei designó a sus candidatos por decreto, lo que tensó el ambiente en la Cámara alta. Además, García-Mansilla ya ocupa un puesto en el tribunal, mientras que Lijo aún no lo ha logrado, lo que añade presión adicional al Gobierno con una figura clave de Comodoro Py.

Ante esta situación, desde el oficialismo indican que están dispuestos a incluir en la negociación un “paquete judicial”, es decir, discutir otras vacantes pendientes. Esto incluye los 140 pliegos de jueces federales, la Defensoría del Pueblo y el cargo de Procurador General de la Nación. Este último es particularmente importante, ya que este año se llevará a cabo la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal acusatorio en distritos clave, como los tribunales federales de Comodoro Py, lo cual restringe el poder de los jueces federales sobre las investigaciones diarias, trasladando esa responsabilidad a los fiscales.

“Esperábamos que se produjera esta ruptura en el bloque del peronismo, no nos tomó por sorpresa”.

Eso mencionó un alto funcionario de la Casa Rosada ayer. En las últimas horas, en la Casa Rosada seguían de cerca la división que se produjo dentro de una de las bancadas del interbloque de Unión por la Patria, debido a la creación de un nuevo bloque formado por senadores que responden directamente a sus gobernadores: el puntano Fernando Salino, la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y el riojano Fernando Rejal.

El pliego de Lijo ha estado disponible para ser votado en el recinto desde mediados de febrero, cuando el Gobierno oficializó el dictamen de la Comisión de Acuerdos e intentó llevar el tema al recinto justo antes del cierre de las sesiones extraordinarias. Sin embargo, no lo consiguió, ya que, en medio de los intentos de la Cámara alta por investigar el caso $LIBRA, corría el riesgo de enfrentar un fracaso.

Por su parte, García-Mansilla consiguió el dictamen de comisión la semana pasada, en una maniobra impulsada por el kirchnerismo y los senadores Martín Lousteau (UCR-Capital) y Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), quienes buscaron forzar la votación de su pliego. La situación se aceleró cuando el Poder Ejecutivo designó a los dos jueces por decreto “en comisión”, lo que llevó a varios senadores a anunciar que rechazarían los pliegos como una medida para frenar al gobierno de Javier Milei.

Después de la designación por decreto, los otros tres miembros de la Corte (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) tomaron juramento a García-Mansilla, pero no le otorgaron a Lijo la licencia extraordinaria para asumir en el máximo tribunal sin tener que renunciar a su cargo en el juzgado de primera instancia.

El Gobierno no está dispuesto a abandonar a Lijo. El magistrado no solo es titular del juzgado federal N° 4 y subroga el N° 12 en Comodoro Py, sino que también representa a un sector dentro de los tribunales, respaldado por figuras como Lorenzetti y María Servini, quien, como titular del juzgado N° 1, fue sorteada para tramitar la causa $LIBRA.