El Gobierno nacional dejó en suspenso la aplicación de la Ley 27.793, que declaró la emergencia en discapacidad, aunque dispuso una reasignación presupuestaria de $121.363 millones destinada a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) para actualizar los aranceles de los prestadores del sistema.

La norma había sido promulgada por obligación constitucional, luego de que el Congreso insistiera con dos tercios de los votos tras el veto presidencial. Sin embargo, el Decreto 681/2025 aclaró que su aplicación plena dependerá de la aprobación de partidas específicas en el Presupuesto 2026, ya enviado al Parlamento.

El Ejecutivo argumentó que el impacto fiscal estimado de la ley asciende a $3,02 billones para 2025-2026, lo que representa un 0,35% del PBI. Solo la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad demandaría $2,16 billones este año y $4,7 billones en 2026. Además, el Programa Incluir Salud implicaría $574.200 millones en 2025 y más de $1,2 billones en 2026. “Sería imposible financiar plenamente las obligaciones previstas sin desfinanciar funciones esenciales del Estado”, advierte el decreto.

En paralelo, la Jefatura de Gabinete aprobó la Decisión Administrativa 24/2025, que reasigna fondos del Tesoro hacia la Andis. El refuerzo busca garantizar, desde el 1.º de octubre, la actualización de los honorarios del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, uno de los reclamos más fuertes de las organizaciones y profesionales del sector.

De esta manera, aunque la emergencia en discapacidad quedó postergada hasta contar con financiamiento definido, el Gobierno intentó dar una señal de respuesta inmediata a los prestadores, principales actores del sistema que venían advirtiendo sobre la inviabilidad económica de seguir brindando servicios sin una recomposición arancelaria.