Candidato a la Corte. Ariel Lijo, un peso pesado de Comodoro Py que enfrentó denuncias por sus bienes y el manejo de causas sensibles para el poder
El nombre de Ariel Lijo es uno de los pesados entre los doce jueces federales de Comodoro Py. Desde que accedió por concurso a su cargo en 2004, Lijo atravesó dos causas resonantes: la investigación por las irregularidades en la investigación de la causa AMIA –con un capítulo breve sobre la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman contra el gobierno de Cristina Kirchner– y la elevación a juicio oral del ex vicepresidente, Amado Boudou, por la causa de la calcográfica Ciccone. También estuvo al frente de la investigación por la posible comisión de delitos por parte de exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, en el marco del acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda, aunque nunca convocó a indagatoria al expresidente.
En medio de la campaña presidencial del año pasado, su nombre sonó como posible procurador general en el caso de una victoria de Horacio Rodríguez Larreta y supo ser docente en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana, como también integrante de la Comisión Asesora en Seguridad Deportiva de Boca Juniors –durante el último año de gestión de Mauricio Macri– junto al ex ministro de Seguridad porteño y actual intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; y el fiscal Carlos Stornelli.
Lijo, de 55 años, se recibió como abogado en la UBA e inició su carrera profesional como meritorio en la fiscalía de la Cámara del Crimen, en el equipo de trabajo de María «Piru» Riva Aramayo. En 1993, cuando Riva Aramayo pasó a la Cámara Federal, Lijo la siguió hasta llegar a ser secretario de Sala I de esa Cámara. En 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se presentó a concurso para cubrir cuatro vacantes en los Juzgados Federales Criminales y Correccionales de primera instancia.
Guillermo Montenegro, Daniel Rafecas y Julián Ercolini fueron los otros ganadores de aquel concurso, con el respaldo del Poder Ejecutivo, que había elevado sus ternas al Senado. Lijo había quedado en quinto lugar en la terna del Consejo de la Magistratura, pero accedió al puesto por las bajas de Eduardo Freiler y Luis Salas. A partir de entonces, encabeza el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4.
Lijo estrenó su cargo con una causa resonante, la correspondiente a los graves delitos cometidos en la investigación de la causa AMIA. En esa causa procesó al ex juez federal Juan José Galeano, al ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia e incluso al ex presidente Carlos Menem. El eje de la investigación fue el pago ilegal de 400.000 dólares al ex detenido Carlos Alberto Telledín para que falsee su declaración sobre lo ocurrido en el atentado.
Por su relación con la causa AMIA fue también el primero en recibir la denuncia hecha en 2015 por el fiscal Alberto Nisman –e impulsada en el Congreso por las entonces diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso– en la que se acusaba al gobierno de Cristina Kirchner de encubrir a los responsables iraníes del atentado. Lijo rechazó la conexión de esa causa con la que llevó adelante y la mandó a sorteo. También como juez de feria le tocó abrir la investigación por la muerte de Nisman, en la que terminaría declarando como testigo y sosteniendo que en su denuncia contra CFK, el fiscal «no tenía más elementos para aportar que los que hizo públicos».
La otra causa resonante en la que Ariel Lijo intervino fue la de la calcográfica Ciccone. Ese caso fue el primero en el que un juez federal procesó a un vicepresidente en ejercicio. La elevación a juicio ocurrió en 2017, cuando Lijo respaldó la acusación contra Boudou por el delito de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
En la elevación a juicio, Lijo también acusó a José María Núñez Carmona, Alejandro Paul Vandenbroele, Nicolás Tadeo Ciccone, Rafael Resnick Brenner y César Guido Forcieri por la «adquisición fraudulenta» de la empresa Ciccone Calcográfica; con el fin último «de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial».
Lijo también tuvo en sus manos causas que involucraron al ex presidente Mauricio Macri y a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti. La causa contra Macri fue a partir de una imputación formulada, en diciembre de 2016, por el fiscal Guillermo Marijuan por «abuso de autoridad» en la firma del decreto complementario con el que el ex presidente amplió el alcance de la Ley de Sinceramiento Fiscal para habilitar el mecanismo para familiares de funcionarios públicos, entre ellos, su hermano Gianfranco. La causa no avanzó en condenas para Macri y el decreto fue anulado recién en 2023 por el juez Martín Cormick. Tampoco se movió mucho respecto a la causa que investigaba el acuerdo entre el Estado Nacional y el Grupo Socma, a cargo del Correo Argentino. Lijo convocó a un par exfuncionarios a indagatoria, pero nunca al expresidente.
En los años de presidencia de Macri, Lijo también desestimó otra denuncia por un decreto de necesidad de urgencia con el que el entonces presidente había declarado la «emergencia de seguridad pública», que permitía derribar aviones que violen el espacio aéreo en operaciones de narcotráfico y aprobó el «operativo fronteras y fortalecimiento del control de puertos, hidrovías y Mar Argentino». En tiempos de debate sobre los DNU de MIlei y rumores para modificar la Ley de Seguridad Interior estos antecedentes de Lijo parecen auspiciosos para el gobierno nacional.
En cuanto a la causa en la que se investigó a la ex vicepresidente Gabriela Michetti por el origen dudoso de los 245.000 pesos y 50.000 dólares robados de su casa el día del ballottage en 2015. La investigación buscaba destrañar por qué Michetti contaba con tanto dinero en efectivo en su casa en medio de la campaña presidencial. Lijo la sobreseyó en 2017 dando por cierta la versión de los testigos presentados por Michetti: que los pesos eran producto de una colecta de donaciones en efectivo que hizo para la cena solidaria de fin de año de su fundación SUMA y los dólares provenían de un préstamo de su pareja para pagar un posgrado de su hijo fuera del país.
Con el macrismo tuvo, sin embargo, idas y vueltas. Fueron algunas terminales del PRO quienes impulsaron que Lijo vaya a la la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura ya sea por presuntas «demoras» en el trámite de causas y sobre una denuncia vinculada al patrimonio suyo y el de su hermano, Alfredo, en el que -antes- los amarillos lo acusaban de ser «un operador judicial».
Otras causas en las que le tocó intervenir a Lijo y que pueden marcar una diferencia con las postura negacionista del gobierno de Milei son las referidas a delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El juez interviene en causas variadas como la investigación de «Isabelita» hasta la megacausa-Esma, tras la renuncia del juez federal Sergio Torres, quien asumió como presidente de la Corte Suprema bonaerense. En el marco de esa causa, Lijo aprobó la cesión del campo de deportes de la Esma al club River Plate, mediante un convenio con el Estado nacional en 2023.
Respecto del actual gobierno, Lijo tiene en sus manos una causa abierta en medio del debate por la Ley Ómnibus en el Congreso. Se trata de la presentación contra el presidente Javier Milei por acusar de «coimeros» a los diputados sin respaldar sus dichos públicos con una demanda formal. Por ahora no hubo ningún avance sobre la denuncia.
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