Caso Bento: Abogado denunció presiones a sus defendidos para convertirse en imputados arrepentidos y declarar en contra del juez

El juicio contra el destituido juez federal Walter Bento, quien enfrenta cargos como líder de una presunta asociación ilícita dedicada a cobrar sobornos a cambio de favores judiciales, ha tomado un giro inesperado. Durante la audiencia celebrada este viernes en los Tribunales Federales de Mendoza, el abogado Pablo Cazabán, representante de los imputados arrepentidos Martín Ríos y Matías Aramayo, denunció presiones indebidas ejercidas por la fiscalía para que sus defendidos se acogieran a la figura del arrepentido y declararan en favor de la hipótesis fiscal.

Cazabán ha manifestado que estas presiones no se limitaron únicamente a sus clientes, sino que también afectaron a otros testigos y a las familias de Ríos y Aramayo. Según el abogado, la coacción incluía amenazas de detención indefinida si no proporcionaban la información solicitada por la fiscalía. Estas prácticas, según Cazabán, comprometen la validez de los testimonios presentados, ya que fueron obtenidos bajo coacción, y ha solicitado que se declaren nulos.

Además, Diego Barrera, considerado el «testigo estrella» de la causa, reveló que su testimonio fue guionado por la fiscalía, lo que añade aún más incertidumbre sobre la integridad del proceso. Ante la gravedad de estas denuncias, Cazabán ha solicitado la intervención de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) para asegurar la transparencia y justicia en el caso.

Por su parte, el Procurador General de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal, recordó que las acusaciones sobre las presuntas presiones deben ser tratadas en el marco del juicio oral y público, instando a los defensores a ajustar sus presentaciones conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación.

Cazabán también ha declarado que, tras haber formalizado la denuncia, sus defendidos testificarán en el juicio para exponer lo sucedido en el marco del acuerdo de colaboración. Las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Ratta deberán evaluar el valor de sus declaraciones una vez que se presenten.

“Se va a pedir la nulidad del acuerdo de arrepentido y de esas indagatorias. Y todos los actos consecuentes. Ríos y Aramayo pondrán en conocimiento formalmente el contenido de la denuncia cuando declaren en el debate”, explicó Cazabán quien detalló que «una de las presiones más groseras que sufrieron sus defendidos fue abordar a las esposas de los imputados a los fines de que accedieran a hacer un acuerdo de arrepentido».

Asimismo, el abogado contó que lo sucedido “es una matriz de presión que se repite a lo largo de toda la causa en otros casos” y aseguró que «recibieron amenazas a través de ellas, de que irían presos si no se acogían a esa figura, “cuando eran delitos totalmente excarcelables”.

Por último detalló que «un imputado no puede incurrir en un falso testimonio como sucede con los testigos y aclaró que la Ley del Arrepentido establece en un artículo de dudosa constitucionalidad, que aquel que mintiese en la realización de un acuerdo, arriesga una pena desde 4 años. El tema es el siguiente, el supuesto que prevé la ley es cuando la mentira es voluntaria y acá hubo coacciones. Entonces, en un estado de necesidad no se le puede hacer juicio o reproche respecto a eso, entonces no aplicaría ese artículo de la ley de arrepentido”.

“No han obstruido el proceso ni hay riesgo de fuga, para nada. No se ha podido acreditar ningún hecho durante el debate en marcha», concluyó Cazabán.