Denuncian que desde hace 4 años el Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, no permite el acceso a la información pública

El diputado de la nación Carlos Zapata presentó una denuncia penal. La Ley Nacional a la que adhirió la Provincia de Salta sin limitaciones ni reservas prevé un plazo de 90 días para su reglamentación, la asignación de presupuesto y la creación de oficinas con los funcionarios a cargo y el personal.
El diputado de Ahora Patria e integrante del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Nación, Carlos Zapata, denunció penalmente al Gobernador de Salta, Gustavo Saenz, porque desde hace 4 años no permite el acceso a la información pública debido a la ausencia de la reglamentación de la ley nacional.

En esa dirección, Zapata explicó que “en la actualidad no es posible acceder a la información pública más allá de lo que quiera el gobernador. Por ejemplo, si se pregunta sobre la publicidad oficial, montos y beneficiarios no es posible conseguirla, los funcionarios responsables niegan el acceso a estos datos, por ello el ciudadano debe ir a la justicia por la vía del amparo para conocer esa información sobre el destino de los fondos públicos” y agrega que “claramente la conducta del gobernador de la Provincia consistente en no reglamentar una ley para no cumplirla es una violación de los deberes y obligaciones a su cargo. Por eso el 12 de marzo presenté ante la Procuración de la Provincia denuncia para que se analice la conducta del Gobernador, y los funcionarios que eventualmente pudieren quedar involucrados, bajo las disposiciones del Código Penal, en especial el Art. 248.”

Además, para el legislador integrante del equipo de Alfredo Olmedo “la corrupción y el robo al erario público, en Salta, tienen un campo fértil para su desarrollo y crecimiento si se mantienen las restricciones al acceso a la información pública. Es por todos conocidos que la transparencia es un gran obstáculo para la instalación y crecimiento de la corrupción en la administración del Estado”.

“Lamentablemente a más de 4 años de aquella sanción a los ciudadanos y organizaciones interesadas en la información de los actos de gobierno se ven impedidas de acceder al derecho consagrado por la ley debido a que el Poder Ejecutivo Provincial no ha reglamentado aún, resulta muy extraño que desde el Poder Ejecutivo se eluda el cumplimiento de la Ley con solo omitir cumplir con la obligación de reglamentarla. Se prevé un plazo de 90 días para su reglamentación, la asignación de presupuesto y la creación de oficinas con los funcionarios a cargo y el personal. Nada de eso ocurre en Salta, pareciera que el Gobernador se siente omnipotente y con atribuciones de decidir si una Ley sancionada y promulgada rige o no”, concluyó Zapata.

LA LEY 27.275, LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE NO SE CUMPLE EN SALTA
En la República Argentina está en vigencia desde septiembre de 2016 la Ley 27.275, la Ley de Acceso a la Información Pública. Su sanción y puesta en vigencia han sido, y son, consideradas un avance en la lucha contra la corrupción. Demandó su esfuerzo lograr su aprobación y hasta ahora se ha podido ver los beneficios de su vigencia. Muchas cosas de interés no se conocerían si esta ley no hubiese sido puesta en vigencia, por ejemplo, las remuneraciones de los funcionarios públicos y legisladores.

En el Art. 36 de la ley 27.275 se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias a adherir a sus disposiciones. Ante esa invitación, la provincia de Salta sancionó en diciembre de 2019 la Ley 8.173 mediante la cual adhiere a la Ley Nacional.

Esa adhesión fue celebrada por muchos actores de la sociedad y en el arco político porque se consideraba un paso inicial para dejar atrás la práctica de esconder la información de las acciones de gobierno que pudieran resultar difícil de explicar o justificar ante la ciudadanía..