En Tucumán, una empresa es investigada por desvíos en la carga de nafta de la policía

La oposición de la provincia de Tucumán realizó un pedido de informes en la Legislatura sobre los pagos que realiza el gobierno a la empresa Edenred, una multinacional prestadora de servicios varios  que en la provincia se quedó con la carga de combustibles de los móviles de la policía, desde julio del 2023. En menos de un año, el servicio que llegaba para «controlar» el gasto terminó arrojando números millonarios que terminarán en una causa judicial, y sobre los que se pide la «rescisión urgente del contrato».

Según la información del Tribunal de Cuentas provincial, a partir del 1 de julio de 2023 entró en pleno funcionamiento el nuevo sistema de cargas de combustibles de los móviles policiales mediante la contratación de la firma Edenred Argentina SA. Con aquel acuerdo, los patrulleros podían reabastecerse en 37 estaciones de servicios de 14 departamentos de la provincia. Pero sin embargo, a un año del debut de la medida, se generó más sospechas que certezas sobre la verdadera transparencia.

Lo primero sobre lo que repara la oposición es sobre el presunto desvío de fondos que realiza el Estado en complicidad con la firma. Es sabido, que Edenred es una empresa con fuertes vínculos políticos que incluso, tal como publicara este medio, quedó envuelta en un escándalo tras quedar atada en la causa en la que la Justicia federal investiga a Securitas y sobre la que el gobierno nacional puso especial atención.

En el caso de Tucumán el escándalo no tardó en llegar. Tras prometer mejorar el servicio, la multinacional no arroja grandes resultados y la oposición plantea «tener innumerables pruebas que exponen que se realizaron presuntas cargas de nafta, se giran los fondos a la empresa porque se acredita la transacción pero no se completa la operación con el patrullero con combustible». Básicamente, el circuito se rompe toda vez que una estación realiza la transacción pero no realiza la carga: a partir de la rendición que realiza la empresa de lo «gastado» es que el gobierno provincial le gira los fondos. Dicho de otro modo, el gobierno abona una supuesta transacción que nunca cargó la nafta. 

Mientras el Ministerio Público se hace eco del pedido de informes de la oposición, el propio oficialismo sabe que el tema es sensible: el argumento de la contratación de Edenred hace un año fue con el justificativo de ordenar uno de los mayores nichos de corrupción que había en la provincia. Y parece que lo sigue habiendo.