Todo nació a raíz de un tweet del presidente el viernes 14 de febrero a las 17:01 -este horario no parece ser casual, ya que fue un minuto después de que los mercados financieros internacionales cierren- Javier Milei incentivo a la compra de una criptomoneda llamada $LIBRA. El posteo fue el siguiente: "¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en la Argentina”. Debajo de ese texto, se encontraba la dirección del contrato de la criptomoneda para que se pudiera ser adquirida por los usuarios. Había salido al público 3 minutos antes, aunque recién la pudieron adquirir a partir de las 19:00.

La criptomoneda, denominada LIBRA, llegó a su máximo valor de USD 5,2 a las 19:42. Solo 4 billeteras tenían el 80% de los tokens, por lo que tenían el control del precio, que se desplomó rápidamente. Unos pocos ganaron entre 70 y 100 millones de dólares, y miles de compradores que confiaron en el proyecto se vieron afectados.

Luego de esta irregularidad donde quedó en evidencia la desprolijidad del proyecto cripto, el presidente escribió a las 00:38 en su cuenta de X el siguiente mensaje, a la vez que eliminó el anterior:

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo.”

Las reacciones en el arco político

El bloque de Diputados que responden a Unión por la Patria emitió el siguiente comunicado: “La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes. Nuestro bloque de diputados Nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de Juicio Político contra el Presidente de la Nación.”

Este pedido fue argumentado por sus principales dirigentes. Cristina Kirchner lo trató de “crypto estafador” e “incompetente”, mientras que Axel Kiciloff dijo que Milei habia cometido un delito, y que debia dar explicaciones. Este hecho parece aliviar una semana dura para ambos, en medio de la ola de inseguridad en la Provincia de Buenos Aires y del pedido del fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar para que la expresidenta sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita.

Por su parte, el bloque de diputados de la UCR emitió su propio comunicado, en el que exigen una inmediata investigación de los hechos para “identificar responsabilidades legales, civiles y penales.” Concluye de la siguiente manera: “Urgen aclaraciones oficiales sino será el parlamento quien deberá proceder al respecto”. 

El senador Martín Lousteau señaló que van a “exigir que los organismos responsables auditen para que se pueda saber quiénes son los que lucraron a costa de argentinos que creyeron en el posteo del Presidente”.  También dijo que "ya hay un debate entre los diferentes bloques en el Congreso sobre si debe haber una Comisión Investigadora o si corresponde el juicio político".

El bloque Encuentro Federal, liderado por Miguel Angel Pichetto, también tiene una postura similar a la radical. “El Presidente debe explicar con claridad lo que hizo en lugar de cuestionar a la oposición. Milei es economista y no puede desconocer las consecuencias de promover un activo de estas características” esgrimieron en un documento firmado por sus integrantes.

El PRO no ha emitido ninguna declaración conjunta

Aunque algunos dirigentes han hablado. Entre una de las voces disidentes se encuentra la de la senadora Guadalupe Tagliaferri, quien posteó en X: “Ser Presidente no es jugar a ser tuitero. Gobernar no es un chiste y el país no es una timba.” Otros cómo el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, apoyaron al presidente. “Ahora los irresponsables que fundieron al país son estudiosos de Bidart Campos y Elon Musk. A los desconocedores del Derecho les digo: nada de lo acontecido constituye un delito. Seguramente ahora todos arrancan a pedir informes y llamar a funcionarios con tal de colgarse del tema. Los dejo con lo suyo. Buen sábado.” posteó en su cuenta de X. 

¿El Presidente cometió un delito?

El punto que plantea Montenegro es central: ¿califica cómo un ilícito? Diferentes juristas lo discuten. El abogado Jorge Grispo opinó en un artículo de Infobae que no se debe confundir la libre expresión con un delito penal: “opinar no es delito, y la función presidencial no anula las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión.” Y concluyó de la siguiente manera: “Pretender criminalizar la opinión de un mandatario equivale a restringir un derecho esencial y sienta un precedente peligroso para la democracia. Bajo ninguna circunstancia puede interpretarse que la publicación de un tuit constituya una infracción penal.”

El constitucionalista Andres Gil Dominguez publicó en su cuenta de X: “El escándalo cripto protagonizado por el presidente autopostulado como el próximo Premio Nobel de la economía intergaláctica, implica la violación de varias normas penales, la ley de ética pública (basada en el art. 36 de la Constitución) y demás normas aplicables aplicables a estas situaciones. La pregunta es cómo dicen los Babasónicos: ¿Qué van a hacer el Congreso, los fiscales, los jueces ante dicha situación?”. Esto marca las divisiones sobre este tema, en el que hay muchas interpretaciones distintas.

¿Es viable el juicio político?

Este procedimiento fue solicitado rápidamente por Unión por la Patria y sobrevuela en algunos dirigentes de otros partidos. El expresidente Alberto Fernandez recibió 13 pedidos de juicio político, por causas que van desde el manejo de la pandemia, la fiesta en Olivos y la coparticipación de CABA. Su entonces vicepresidenta recibió 3 pedidos de juicio del mismo calibre.

Este procedimiento tiene la finalidad de destituir a las máximas autoridades del país. Puede tener diversas causales, cómo el mal desempeño de las funciones, la consumación de un delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. Si se realiza el pedido (ya sea por un funcionario o un particular), este pasará a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en donde comienza el proceso. Esta determina qué denuncias pueden pasar a la cámara y cuáles no. De sus 31 miembros, 13 pertenecen a Unión por la Patria, 5 a La Libertad Avanza (si se incluye a Oscar Zago) y 5 al PRO. La UCR, Democracia Para siempre (responde a Lousteau) y Encuentro Federal tienen 2 bancas. Por último, la Coalición Cívica e Innovación federal poseen una. Si el dictamen que emite, con la mitad más uno de sus miembros presentes, es positivo, avanzará hacia la Cámara de Diputados. Aquí se debe contar con una mayoría de 2 tercios presentes. Luego, la Cámara de Senadores decidirá la culpabilidad del acusado. 

Se necesitaría un apoyo casi imposible de lograr por parte de la oposición, en una causa que sigue siendo objeto de debate entre los juristas.