El expresidente brasileño Jair Bolsonaro vuelve a estar en el centro de la escena judicial y política de Brasil, esta vez por una decisión del Supremo Tribunal Federal que le impone duras restricciones personales y limita su contacto con el entorno político y diplomático. La medida, inédita para un exmandatario, profundiza las tensiones internas en Brasil y provoca reacciones en el plano internacional, en particular desde Estados Unidos.

Monitor electrónico y toque de queda

El juez Alexandre de Moraes ordenó la colocación inmediata de una tobillera electrónica a Bolsonaro, notificando además que no podrá salir de noche ni acercarse a embajadas o diplomáticos extranjeros. La Policía Federal procedió al allanamiento de su residencia en Brasilia y de las oficinas del Partido Liberal, donde se instalaron los dispositivos de control.

Aislamiento comunicacional

Se le impide al expresidente usar redes sociales, como X (antes Twitter), y comunicarse con otros procesados, entre los cuales figura su hijo Eduardo Bolsonaro, también investigado por vínculos con presuntas operaciones con el gobierno de EE. UU. Estos cargos forman parte de una serie de acusaciones por cinco delitos vinculados a un intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, que podrían sumar hasta 40 años de prisión.

Una suprema humillación

Bolsonaro calificó las medidas como “una suprema humillación” y aseguró: “Jamás pensé en huir ni ir a una embajada, pero las medidas son por eso”. Su defensa se declara “indignada” y contrapone la severidad de las medidas con lo que consideran una persecución a la derecha conservadora.

Reacción internacional y tensión con EE. UU.

El expresidente estadounidense Donald Trump tildó el proceso como “una cacería de brujas”, respaldó a Bolsonaro y justificó aranceles del 50 % a productos brasileños, condicionando el levantamiento de esas medidas a la “cancelación inmediata” del juicio. Lula calificó esta presión de “chantaje inaceptable” y reafirmó la independencia del poder judicial brasileño.

El tribunal estima que el juicio podría finalizar entre agosto y septiembre de 2025. El entorno político observa con atención, pues el desgaste legal de Bolsonaro y los embates diplomáticos tensan aún más el espacio político en Brasil, con impacto directo en el rumbo de las elecciones de 2026.

Sin precedentes en la historia reciente de Brasil, un expresidente enfrenta severas restricciones: monitoreo electrónico, toque de queda, clausura mediática y aislamiento diplomático. En medio de acusaciones por intentar un golpe, el caso desata chispas en la relación con EE. UU., planteando interrogantes sobre democracia, derechos civiles y futuro electoral.