En los últimos meses, las derrotas legislativas del Ejecutivo lo han obligado a rever sus estrategias. A comienzos de este mes, el Senado insistió con la Ley de Emergencia en discapacidad y logró, con amplia mayoría, rechazar el veto del presidente, lo que obliga al gobierno a promulgar la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con opción de ser prorrogada un año más. La norma también actualiza los aranceles de los prestadores de servicios de discapacidad y crea una pensión no contributiva por discapacidad.

A pesar de que el gobierno había mostrado intenciones de judicializar la norma, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que será promulgada, aunque dependerá de que se encuentre una fuente de financiamiento adecuada.

En diálogo con Radio Mitre, Francos explicó: “El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente. Si fuera por mí, me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”.

“Vamos a promulgar la ley como corresponde. También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí, que soy el jefe de Gabinete, que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan si no a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”, agregó.

El costo de la ley

La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación informó que la norma “podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493.000 y 946.000 personas, lo que implicaría un refuerzo fiscal de entre $1.889.371 y $3.627.495 millones de pesos, gasto equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI”.

La norma establece que podrán acceder a pensiones no contributivas quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad, no superen ingresos equivalentes a dos salarios mínimos y aprueben una evaluación socioeconómica. El beneficio representará el 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleo registrado dentro de los topes previstos. Asimismo, se dispuso que las pensiones ya otorgadas se conviertan en automáticas para evitar trámites adicionales.

El texto también contempla la actualización mensual de los aranceles del sistema de prestaciones básicas de atención integral, en línea con la inflación medida por el Indec. Además, incluye un plan de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para actores vinculados al área, y prevé un refuerzo en el financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo responsable de articular las políticas públicas en el sector.

“Yo estoy dispuesto a reunirme con quien quiera para decirme cómo hacemos. Lo que no me parece admisible es que, producto de un tema que genera tanta sensibilidad, la oposición en el Congreso haga un ataque al Gobierno diciéndole, ‘che, arréglensela como puedan’. Eso es un ataque al presidente Milei. Discutamos cómo, van a tener presupuesto ahí a partir de este lunes, bueno, fíjense dentro del presupuesto nacional cómo hacemos para pagar esto”, indicó el jefe de Gabinete. Esto se da en las vísperas de la cadena nacional del presidente, en la que anunciará el nuevo presupuesto para el año que viene, cuya aprobación dependerá del Congreso.