A doce meses de la sanción de la Ley Bases, uno de los principales hitos legislativos del gobierno de Javier Milei, la Fundación Pensar —think tank ligado al PRO— publicó un informe crítico que pone en duda la eficacia real del programa reformista. Bajo el título “Justicia para todos”, el documento plantea que la estabilidad económica es una condición necesaria, pero no suficiente, si no viene acompañada de instituciones sólidas, justicia eficaz y una política exterior inteligente.

El informe parte con una reivindicación simbólica: el reciente fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para la fundación, este episodio judicial representa el valor de la igualdad ante la ley, y desde ahí se articula una lectura más profunda sobre los desafíos estructurales que enfrenta la Argentina para salir del estancamiento.

“Sin reglas claras, justicia confiable ni consensos duraderos, ningún crecimiento es sostenible”, advierte en la editorial del informe el exministro Hernán Lacunza. La frase resume el espíritu del documento, que ofrece un balance minucioso del primer año de implementación de la Ley Bases y destaca los incumplimientos, especialmente en materia laboral, privatizaciones y fortalecimiento institucional.

Reformas fragmentadas y resultados dispares

El análisis de Pensar se presenta en formato de “semáforo”, evaluando con luces verdes, amarillas o rojas cada título de la norma. El resultado es desigual: de los siete títulos principales de la Ley Bases, cuatro fueron reprobados, uno obtuvo una evaluación intermedia y solo dos lograron luz verde.

Entre los puntos más críticos está el capítulo de promoción del empleo registrado, al que se le adjudica una luz roja por el escaso avance: apenas el 0,24% de los trabajadores informales fueron regularizados. También se destaca la falta de privatizaciones, el estancamiento de los contratos de obra bajo iniciativa privada y una recuperación laboral insuficiente: solo se reincorporó el 15% de los 135.000 empleos formales perdidos desde diciembre de 2023.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), promocionado como motor de inversiones energéticas, apenas logró la aprobación de cuatro proyectos (YPF, Vaca Muerta, Rio Tinto y GNL). Otros trece se encuentran en evaluación. Pese a las exenciones impositivas y beneficios cambiarios, el volumen de nuevos desembolsos no ha alcanzado las expectativas iniciales.

Los puntos “verdes” y las advertencias internas

La Fundación Pensar reconoce avances concretos en dos áreas: la declaración de emergencia pública, que permitió la eliminación de regulaciones como la ley de Alquileres y otras trabas al comercio, y las reformas en el sector energético, que llevaron a la producción de petróleo a su mayor nivel desde 1997.

Sin embargo, referentes del espacio como Silvia Lospennato advirtieron que los cambios impulsados exclusivamente por decreto son frágiles y podrían ser revertidos judicialmente. "Las reformas estructurales deben salir del Congreso, con el debate democrático que corresponde", sostuvo.

Detrás de los números: inflación, ingresos y aislamiento

En el plano macroeconómico, Hernán Lacunza valoró la baja de la inflación y una cierta estabilidad del dólar, pero alertó sobre la falta de acumulación de reservas y un deterioro de la competitividad industrial. “El superávit comercial se reduce, las importaciones crecen al 30% interanual y el ingreso disponible en los hogares sigue por debajo del nivel de fines de 2023”, puntualizó.

En la misma línea, referentes como Martín Casares, Fulvio Pompeo y Mora Jozami plantearon que sin justicia independiente, capital humano competitivo ni reinserción internacional inteligente, el proceso reformista corre riesgo de agotarse en sí mismo.