Piden que la Agencia Gubernamental de Control investigue a La Fernetería por funcionar como boliche sin habilitación
Las denuncias apuntan al restaurante del Bellas Artes y a su sucursal de Plaza Serrano, donde se repetiría el mismo esquema irregular. El caso suma nuevos elementos a una trama de precarización laboral, connivencia institucional y riesgos de seguridad que evocan tragedias como la de Beara.
Las irregularidades en torno a La Fernetería, el restaurante que opera dentro del Museo Nacional de Bellas Artes, escalan a un nuevo nivel. Tras las denuncias por trabajo en negro, aportes impagos y complicidad de la Asociación Amigos del Bellas Artes, ahora se suman presentaciones que advierten que el local funciona de noche como boliche sin habilitación y reclaman la intervención inmediata de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Según las denuncias elevadas a la AGC, el establecimiento supera ampliamente los parámetros de un restaurante habilitado, con presencia de DJ, pista de baile, venta de alcohol hasta altas horas y ausencia de medidas de seguridad adecuadas.
Fuentes gremiales y testigos coinciden en que el espacio “se transforma en un local bailable sin control”, un hecho que remite inevitablemente a tragedias como la de Beara, donde la combinación de habilitaciones irregulares, exceso de aforo y desidia institucional terminó con víctimas fatales.
Un patrón que se repite
El modus operandi no se limita al Bellas Artes. En Plaza Serrano, otro local perteneciente al mismo empresario, Diego Díaz Varela, repite el mismo esquema: se presenta como restaurante, pero funciona de noche como boliche encubierto. “Es exactamente la misma dinámica: luces, música fuerte, barra libre y ninguna habilitación de local bailable”, señalaron desde el ámbito sindical. “El riesgo es evidente, tanto para los trabajadores como para el público”.
Díaz Varela no es un desconocido para la justicia. Ya enfrentó causas judiciales graves y debió cumplir probation por irregularidades laborales y de seguridad en otros emprendimientos gastronómicos. Su historial lo ubica como un empresario reincidente, cuya gestión combina precarización, falta de controles y un patrón de impunidad que se repite con el amparo del silencio oficial.
El dueño del local donde funciona La Fernetería en Serrano 1349 es el gerente de Administración y Finanzas de Argentores, el Dr. Alberto J. Iglesias; de ocurrir alguna tragedia, como pasó en casos emblemáticos, también sería responsable.
Complicidad institucional y silencio cultural
Como reveló días atrás Identidad Sindical, las denuncias contra La Fernetería no solo apuntan al empresario, sino también a la Asociación Amigos del Bellas Artes y a las autoridades del museo, acusadas de mirar hacia otro lado pese a tener la obligación de supervisar la concesión.
Los trabajadores sostienen que la Asociación —presidida por el abogado y coleccionista Julio César Crivelli— se beneficia de privilegios y descuentos como si fuera la verdadera administradora del local. Crivelli negó haber recibido denuncias, pero al mismo tiempo reconoció que “la Asociación controla la concesión y está todo al día”, una declaración que dejó al descubierto una contradicción difícil de sostener.
El silencio de figuras influyentes del mundo del arte y la cultura, muchas de ellas cercanas a la Asociación Amigos, profundiza el malestar. “Cuando los referentes callan, legitiman las prácticas que dicen rechazar. No puede haber precarización ni connivencia en el museo más importante del país”, señalaron especialistas en gestión cultural.
Riesgo institucional y político
El caso ya trascendió el plano laboral. De confirmarse las denuncias, tanto la Asociación Amigos del Bellas Artes como el propio museo podrían ser considerados responsables solidarios por haber otorgado y mantenido una concesión que viola normas laborales y de seguridad.
Además, la Secretaría de Cultura de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrían quedar bajo la lupa por omisión de control en un espacio público emblemático.
El pedido a la Agencia Gubernamental de Control busca frenar una situación que, según los denunciantes, combina precarización laboral, concesiones opacas y graves riesgos para el público.
“La AGC tiene la obligación de actuar antes de que sea tarde. No se puede repetir una tragedia como Beara dentro de un museo nacional”, alertaron las fuentes.