El conflicto laboral en el corazón del Museo Nacional de Bellas Artes estalló: trabajadores de La Fernetería Restaurant —concesión que opera dentro del histórico museo— denunciaron públicamente sueldos en negro, aportes previsionales impagos y una cadena de omisiones que involucra tanto a la empresa concesionaria como a la Asociación de Amigos del Bellas Artes y a las autoridades del propio museo.

La protesta, registrada por Identidad Sindical, expuso lo que los trabajadores llaman un “escándalo a la vista de todos”: en la documentación oficial figuran contratados con media jornada, cuando en la práctica deben cubrir horarios extendidos todos los días. Esa contradicción blanquea la trampa: salarios en negro, aportes que no existen y una estructura de privilegios sostenida con dinero público y silencio institucional.

Los manifestantes apuntaron directamente contra la Asociación de Amigos del Bellas Artes, a la que acusan de beneficiarse de descuentos, prebendas y firma de tickets como si fueran los verdaderos dueños, mientras hace la vista gorda ante irregularidades laborales flagrantes.

Consultado por este medio, el presidente de la asociación intentó despegarse: “La Asociación no recibió ninguna denuncia y los empleadores son los de La Fernetería”. Pero, ante la repregunta, reconoció que “por supuesto, lo controlamos desde la asociación y está todo al día”. La respuesta dejó en evidencia la contradicción central: o controlan y mienten, o no controlan y encubren. En ambos casos, la responsabilidad institucional es ineludible.

En términos legales, la situación podría escalar: tanto la Asociación de Amigos como el propio Museo Nacional de Bellas Artes podrían ser considerados responsables solidarios al haber otorgado y supervisado la concesión sin garantizar condiciones laborales dignas y legales.

La protesta no solo expuso salarios en negro, sino también un modelo de concesiones opaco que reproduce precarización laboral en plena institución cultural de referencia nacional. Cuando se trata de derechos laborales y de responsabilidad institucional, no basta con aparentar transparencia: hay que cumplir la ley.