A menos de un mes de las elecciones provinciales del próximo 8 de junio, el Tribunal Electoral de Misiones tomó una decisión que dejó afuera del padrón a más de 20.000 personas. Se trata de todo el personal activo de las fuerzas de seguridad y armadas, a quienes se les prohibió votar apelando al inciso 10 del artículo 48 de la Constitución Provincial, una cláusula que había quedado sin efecto práctico desde 2006.

En ese año, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones declaró inconstitucional ese artículo y permitió que policías y militares pudieran sufragar en las elecciones constituyentes, en un contexto marcado por el rechazo a la re-reelección del entonces gobernador Carlos Rovira. Ahora, con una resolución firmada por los jueces Cristian Benítez, Gregorio Busse y Andrés Poujade, se instruyó a las fuerzas a enviar sus nóminas para excluirlas formalmente del padrón. La medida alcanza a integrantes de la Policía provincial, el Servicio Penitenciario, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Seguridad Aeroportuaria y el Ejército.

Trasfondo político: silenciar a opositores uniformados

La decisión afecta directamente a un sector clave que ha sido protagonista de las protestas más fuertes contra el gobierno provincial en los últimos años. En particular, afecta a los seguidores de Ramón Amarilla, el suboficial que lideró la rebelión policial en mayo de 2023 y que hoy se encuentra detenido, encabezando una lista opositora desde la cárcel.

Desde sectores opositores, como el radicalismo y La Libertad Avanza, denunciaron la maniobra como “inconstitucional y discriminatoria”. Apuntan al Frente Renovador de la Concordia como responsable político de una jugada que busca reducir el caudal de votos opositores.

Absurdo legal: presos sí, policías no

El contraste legal no pasó desapercibido. Mientras se excluye a quienes integran las fuerzas de seguridad, la ley electoral provincial sí habilita a votar a personas privadas de su libertad que no tengan condena firme. Es decir, Ramón Amarilla —detenido en prisión preventiva por un supuesto intento de sedición— puede votar y ser votado, pero sus ex compañeros de fuerza no pueden ni siquiera emitir su sufragio.

Este hecho expone una doble vara institucional que no solo vulnera derechos civiles, sino que también reaviva la tensión política y judicial en una provincia marcada por el control hegemónico del oficialismo.