En medio de un escenario económico desafiante y tras meses de tensión con el Gobierno nacional por los recursos previsionales, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dio a conocer un aumento significativo para los jubilados de menores ingresos. La medida busca recomponer el poder adquisitivo del sector pasivo más vulnerable y se inscribe en el marco de un reciente acuerdo con la ANSES por la deuda que la Nación mantiene con la Caja de Jubilaciones provincial.

La medida, que se enmarca dentro de un plan para mejorar los ingresos de los jubilados de bajos recursos, llega en un contexto en el que se retomaron los desembolsos de la ANSES destinados a la Caja de Jubilaciones de Córdoba mediante un acuerdo judicial. El pacto prevé transferencias mensuales por un total de $60.000 millones durante 2025, distribuidos en cuotas de $5.000 millones por mes, y contempla auditorías para definir la deuda acumulada entre 2019 y 2024.

Según detalló Llaryora, esos recursos se destinarán prioritariamente a los jubilados que cobran menos, fortaleciendo así el piso previsional provincial. Se espera además una nueva audiencia en octubre ante la Corte Suprema para evaluar los avances del plan y la deuda pendiente.

En los fundamentos administrativos, la Provincia justifica el ajuste como necesario para enfrentar el fuerte proceso inflacionario nacional. Asimismo, destacó que el incremento se realizó bajo criterios de prudencia fiscal y sostenibilidad del sistema previsional de Córdoba.

La suba del 84 % representa uno de los mayores saltos históricos en los haberes mínimos de jubilación en la provincia. Supera ampliamente las mejoras de meses anteriores, como la suba de enero de 2025, cuando el piso había sido elevado a $340.000.

El anuncio se produce después de varias negociaciones entre Córdoba y la Nación por los recursos no transferidos a la caja previsional. Llaryora había denunciado que su provincia recibía “cero pesos” por parte del Gobierno nacional, lo que motivó la intervención de la Corte Suprema como mediadora en el conflicto.

Con este paquete de medidas, el Ejecutivo provincial busca aliviar la situación económica de los jubilados de menores ingresos, al tiempo que responde al reclamo histórico por financiamiento que hizo la Provincia ante la justicia federal.