Mientras sigan siendo tratados con improvisación y sin una estrategia clara, se continuarán generando crisis que los Estados no sabrán cómo manejar. Desde lo legal, no hay una regulación clara sobre la responsabilidad de un presidente en la promoción de activos financieros a través de sus redes personales, lo que abre la puerta a interpretaciones contradictorias. Mostrando la falta de límites definidos entre lo público y lo personal en el ejercicio del poder.

COMUNICACIÓN POLÍTICA 

Lejos de aclarar, la entrevista del Presidente al periodista Jonhatan Viale pone de manifiesto nuevos debates. Lo que para muchos correspondía a una respuesta por cadena nacional, nos exige hablar sobre la responsabilidad en redes sociales y la transparencia en las comunicaciones presidenciales.

Expuso un antiguo y ocultado tema respecto a la construcción del relato y la participación de diversos poderes, como el de los medios de comunicación. Javier Milei referenció a Cúneo Libarona para abordar las cuestiones judiciales ante su desconocimiento en materia legal. Esto generó dudas dado que cumple la función de Ministro de Justicia, consecuentemente no puede ser el responsable de la defensa legal del Presidente. En tal caso, se abriría una nueva batalla sobre el uso de recursos estatales para asuntos privados y acusaciones por malversación de fondos públicos o abuso de poder.

Tal fué la peligrosidad de los dichos que la nota fue interrumpida por el asesor presidencial Santiago Caputo. Quien luego ha recibido críticas por su accionar de parte del Vocero Presidencial, la comunidad y según fuentes cercanas al Presidente, también suyas y de Karina. Este caso también pone de manifiesto la fragilidad política del gobierno ante las crisis. Fortalecido por el grave error de no controlar la grabación enviada y subida a YouTube. En especial, equivocándose en el campo que siempre fué el fuerte de este gobierno: la comunicación. Detalle no menor. ¿Hubo conspiración contra el periodista y/o Milei?

La edición y citación de entrevistas presidenciales, es una práctica relativamente común pero en contextos de crisis suele generar sospechas. En casos delicados, los equipos de comunicación buscan minimizar daños y controlar el mensaje. Más allá del contexto legal y la veracidad de las palabras, en política hay un bando opositor que continuamente está juzgando por lo que la prudencia debe ser mayor. Cualquier paso en falso, más allá de su intencionalidad, puede desatar una debilidad.

Aún en países con una prensa independiente fuerte, los medios suelen negociar ciertos términos con los gobiernos. En este sentido, el accionar de Caputo puede caber dentro de la normalidad y las obligaciones de un asesor. No obstante, se interpela el principio general que es cuidar al funcionario. Profundizado por la difusión de la tentativa frase “nos vamos a tener que meter en cosas turbias” lo cual rompería con la legalidad. 

Cuando se eliminan fragmentos sensibles y estos luego se filtran, el efecto puede ser contrario al deseado, ya que a los ojos del ciudadano de pie sugiere manipulación o falta de transparencia. Estas reglas son parte de lo que para muchos concebimos como show político, institucionalmente instalado. No hay que dar lugar a la hipocresía de políticos y periodistas tras evidenciarse la realidad.

Es discutible que un consultor esté en la necesidad de interrumpir abruptamente y desprolijamente una entrevista en lugar de que el funcionario esté coacheado e interiorizado, como sucede por ejemplo, en los debates presidenciales. Actividad que también tiene sus críticas en el mundo académico de la Comunicación Política por la misma razón.

Cómo en todo caso penal, las palabras exponen un riesgo legal. En este caso, se suma el riesgo político e institucional. La cuestión central es si esa interrupción fue simplemente para evitar una mala interpretación o si efectivamente estaban tratando de ocultar una posible admisión de responsabilidad que lo pudiera perjudicar judicialmente.

MARCO JURÍDICO 

Acá hay dos hechos a evaluar, la promoción del Presidente, su potencial participación en el negocio de una inversión de riesgo y si se trató de un Rugpull (proyecto cripto que es un fraude). Se debe resolver sobre el llamado “dolo”.

Si se determinara que Milei promovió en su cuenta personal un activo financiero de manera engañosa o con un posible conflicto de interés, la Justicia podría argumentar que actuó en su carácter de Presidente, parte de una actividad ilícita y que sus publicaciones influyeron en la percepción del mercado y de los ciudadanos, generando potencial responsabilidad legal. 

En este sentido, la diferenciación entre lo personal y lo institucional en redes sociales es cada vez más difícil de sostener, especialmente cuando se trata de figuras con responsabilidades de gobierno. ¿Un mandatario pierde la libertad de expresión a título personal tras su cargo? ¿No ha sido elegido por su pueblo por sus pensamientos? ¿Tienen el mismo peso los canales de difusión de la Oficina Presidencial al de las cuentas personales del Presidente?

En derecho, la ignorancia de la ley no es una excusa válida, especialmente para un funcionario de alto rango que tiene a su disposición, o debería tener, un equipo de asesores para prevenir errores o incumplimientos normativos. La distinción que intentó hacer Milei al señalar que su cuenta de Twitter es personal y que la utilizó como ciudadano y economista, y no como presidente, plantea un debate legal y ético sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el uso de sus redes sociales. 

Bien sabemos que la postura del Presidente, al igual que otras personalidades, rompe el estereotipo establecido. Lo cierto es que estando de acuerdo con ello o no, las normas deben cumplirse.

En términos jurídicos, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y diversos marcos normativos nacionales establecen que las declaraciones de un Jefe de Estado tienen un peso institucional. Siguiendo esta lógica, un Presidente no puede desligarse de su rol oficial simplemente alegando que una plataforma es de uso personal, especialmente si en esa misma cuenta se difunden anuncios de gobierno, discursos oficiales o posturas políticas vinculadas a la gestión estatal.

A nivel comparado, casos como el de Donald Trump en EE.UU. han sentado precedentes sobre el uso de redes sociales por parte de líderes políticos. En 2019, una Corte Federal determinó que su cuenta de Twitter, aunque registrada a su nombre, funcionaba como un canal oficial de comunicación del gobierno, por lo que no podía bloquear a ciudadanos ni hacer distinciones arbitrarias en su acceso. 

En Argentina, no hay una regulación específica que establezca criterios sobre el uso de redes sociales por parte de funcionarios pero sí existen principios generales del derecho administrativo y constitucional que podrían interpretarse en esa línea.

No obstante, se evidencian vacíos legales e ignorancias que deben ser abordadas. 

DESCONOCIMIENTO COMO MOTOR DE FRAGILIDAD

Se pone de relieve el rol de los asesores y el círculo íntimo de un mandatario en conjunto con los conocimientos que este debe tener, primordialmente tratándose de la autoridad suprema. Hoy en día carece la importancia del asesoramiento de Consultores especializados en cada tema. Al igual que autoridades que sepan escuchar. 

La política actual enfrenta problemáticas globales que antes parecían ajenas pero que hoy irrumpen sin que existan herramientas adecuadas para abordarlas. Las criptomonedas, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la desinformación digital han cambiado las reglas del juego, y muchos Estados aún no tienen marcos normativos sólidos para regular estos fenómenos. La ausencia de mecanismos de control sobre cómo los líderes políticos influyen en los mercados digitales, sumada al desconocimiento de los propios funcionarios sobre los alcances de sus actos en estos entornos, crea un escenario de vulnerabilidad. 

La falta de preparación para enfrentar estos desafíos deja a los gobiernos en una posición de desventaja frente a actores más ágiles del sector tecnológico y financiero. La regulación sobre el uso de redes sociales por parte de funcionarios, la responsabilidad política en la promoción de activos digitales y el impacto de las nuevas tecnologías en la economía requieren de un debate urgente. 

Magister Nicole Peters CEO Consultoría de Asuntos Públicos Innovapol ITR @petersnicoleok